En un estudio realizado recientemente por la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay, el 35% de las empresas industriales consultadas respondió que el contrabando aumentó en el 2022 y en los primeros meses de 2023.
Un 35% reportaron caída de ventas en la zona fronteriza con Argentina y 27% con Brasil en 2022 respecto a 2021; y una de cada tres empresas informa que el contrabando incidió en la caída de sus ventas el año pasado.
Un dato no menor que surge de dicho estudio es que hay sectores que identificaron que el contrabando está abasteciendo hasta un 40% de sus ventas, situación que se va agudizando según la región de nuestro territorio analizado y el paso del tiempo.
Se denota un fenómeno heterogéneo, que impacta en varios sectores de la industria nacional, así como en diferentes zonas de nuestro país.
Esta problemática no solo afecta a la producción y al comercio, sino también al consumidor, en tanto adquiere productos que no han sido sometidos a ningún control que salvaguarde su salud.
Todos sabemos que el contrabando no solo constituye una infracción aduanera, sino también un delito, y como tal debe ser objeto de fiscalización y sanción. Ante ello debemos preguntarnos como sociedad, qué preferimos, si mayor fiscalización aduanera o menor nivel de actividad y empleo.
Las organizaciones delictivas encuentran caminos apropiados para el ingreso de productos fuera de la ley, llegando inclusive a comercializarlo en un “centro comercial a cielo abierto” del litoral, sin aparente control alguno.
Esperamos que las autoridades nacionales apliquen todo el control y el peso de la legislación nacional, para minimizar los efectos irreversibles de la prolongación en el tiempo de este tipo de prácticas.
Hoy nos encontramos además con un problema adicional; la enorme diferencia cambiaria con nuestros vecinos. Esto provoca un desvío muy importante del comercio en zonas limítrofes, con lo cual los naturales topes impuestos por nuestra legislación en el comercio de frontera, ante la reiteración de la práctica, pasan a ser preocupantes.
Entendemos que hoy no existe un control estricto de la RG Nº 47/2021 de la Dirección Nacional de Aduanas, para residentes de zonas fronterizas, que limitan el ingreso a 5kg. de mercadería variada, y con una frecuencia quincenal y del tope de 300 dólares mensuales a todos aquellos que, sin ser residentes de frontera, crucen por tierra, según disposiciones contenidas en decreto Nº 43/2019, haciendo que se ingresen cantidades superiores.
Dada la gravedad de la situación creemos que el gobierno tendría que decretar el cero kilo, adecuando la normativa existente, como se llevó adelante en la pandemia sanitaria por un tiempo determinado, hasta que se fortalezcan los controles existentes y a la espera de una regularización cambiaria con nuestros vecinos con el objetivo de frenar un flagelo que tan negativamente impacta en la industria y el comercio nacional. Es impostergable emprender acciones que corrijan la situación que, a la fecha, ambos sectores, padecen.