Cristina Zurbriggen *

 Los noveles empresarios, producto de la inmigración europea y portadores de los valores del mundo burgués capitalista del siglo XIX, fueron los primeros en agremiarse para defender sus intereses en el territorio criollo. Así nacen las primeras cámaras empresariales en Uruguay en la segunda mitad del siglo XIX, convirtiéndose las mismas en un elemento de progreso y renovación económica.

En el sector comercio, la intensa actividad que se desarrollaba ya desde la mitad del siglo XIX, llevó a que un grupo de empresarios vinculados fundamentalmente al comercio de importación y exportación, a la actividad bancaria y a la actividad saladeril fundara en el año 1867 la "Bolsa Montevideana". Dentro de ella se crea la Cámara Sindical para defender y representar los intereses generales del comercio. Esta pionera agrupación empresarial continuará bajo este nombre hasta el año 1875, pasando a constituir la Cámara de Comercio, expresión de la defensa de los intereses del alto comercio montevideano ante la crisis económica y financiera que vivía el país.

En 1871, un grupo de estancieros innovadores, con un porcentaje elevado de anglosajones y franceses, funda la Asociación Rural del Uruguay, con el objetivo primordial de “formar un gremio de todos los que le interesa el progreso del país, propendiendo especialmente a introducir toda clase de mejoras en los ramos tan importantes de ganadería y agricultura, a cuyo desarrollo tan maravilloso se presta la fertilidad de este suelo”. Sus fundadores puntualizaban que “La Asociación Rural (...) necesita paz, porque sin ella no puede haber progreso, porque para mejorar nuestros ganados (...) es indispensable tener seguridad individual y seguridad de la propiedad” En efecto, imponer el orden en la campaña y respeto de la propiedad privada, exigido como primer reclamo por la rural, fue llevado a cabo por el gobierno de Latorre, a través de la fundación del Estado moderno, lo que permitió el libre desenvolvimiento de las fuerzas económicas que encarnaban los rurales.

La Asociación crea su Revista, la cual se convirtió en un libro de consulta sobre temas científicos, en centro de denuncias y abusos sobre arbitrariedades cometidas en la campaña, así como en un órgano de propaganda ideológica del grupo. La Revista tuvo amplia difusión, y sus ochocientos ejemplares eran recibidos no solo por sus socios, sino que en la capital la recibían ministros y diversas autoridades públicas. En el interior, la recibían los jefes políticos y juntas departamentales y hasta maestros de las escuelas rurales. La educación cumpliría, según la prédica de las editoriales, una función civilizadora en la población de la campaña.

La dinámica del desarrollo agro económico, dio impulso al comercio, exigiendo la aparición de empresas dedicadas a la comercialización de productos agropecuarios. En 1891, los comerciantes laneros fundan el “Centro de Consignatarios de Frutos del País” con “el propósito de reglamentar las operaciones que se efectúan en plaza de manera más conveniente para compradores y vendedores, para hacer conocer de un modo verídico, a los tratantes de artículos del país, en la campaña, los precios a que éste se vende". Expresión de ello fue la publicación de su Revista en el año 1892 con el objetivo de dar a conocer los precios en plaza de los productos agropecuarios y de cumplir con la tarea de perfeccionamiento del proceso interno de comercialización de los frutos del país. El Centro se fusionará con la “Sala de Comercio de Productos del País”, que reunía a los representantes de la agricultura y derivadas, dando origen en el año 1908 a la Cámara Mercantil de Productos del País.

“Pero, qué ha de hacer el industrial aisladamente, como fuerza individual? Nada, absolutamente nada... los industriales dispersos, procediendo cada uno por sí propio, no forman columna, necesitan entrelazar sus manos y por medio de la Asociación formar unos vínculos indisolubles de solidaridad sellado en la “Unión Industrial Uruguaya...”

Por su parte, la incipiente diversificación de la estructura productiva comenzó a materializarse en el último cuarto del siglo pasado, dando lugar al primer impulso industrializador de nuestro país. En 1898, se funda la “Unión Industrial del Uruguay”, motivada por la necesidad de instituir una organización que impulsara el desarrollo y el progreso de la industria incipiente. Sus estatutos establecían que sus fines eran propender y contribuir a que las leyes que se proyecten sean justas y equitativas y cooperen al desarrollo general de las industrias nacionales, suprimiendo por todos los medios posibles las restricciones que puedan perjudicar los intereses de aquellas”. Pablo Varzi en calidad de presidente y al cumplir un año la UIU señala el papel fundamental que había tenido la Unión en la confección de la ley de Aduanas y fundamenta la importancia de asociarse: “Pero, qué ha de hacer el industrial aisladamente, como fuerza individual? Nada, absolutamente nada... los industriales dispersos, procediendo cada uno por sí propio, no forman columna, necesitan entrelazar sus manos y por medio de la Asociación formar unos vínculos indisolubles de solidaridad sellado en la “Unión Industrial Uruguaya”, para conquistar los derechos de la industria en primer lugar, y luego entrar en el concierto de las instituciones regulares, como uno de los factores del progreso nacional”.

En efecto, las cámaras empresariales, expresión de los intereses y necesidades de los nuevos empresarios, fueron un elemento de renovación económica a fines del siglo pasado y comienzos del XIX. Las mismas no se limitaron a promover los intereses de sus respectivos sectores, sino que en su acción se proyectaron al plano político.

La Federación Rural fue la primera asociación en reconocer explícitamente la importancia de la participación directa de la institución en el proceso político. Fundada en 1915 surge como segunda agremiación nacional del sector agrario que agrupara a las Sociedades Rurales del interior del país. Las políticas batllistas provocaron inquietud en sector agrario, más por los ataques verbales al latifundio de voceros del batllismo, que por medidas concretas. Eso explica el nacimiento de la Federación. José Irureta Goyena, principal impulsor e ideólogo, decía en tono desafiante: “Los representantes de la producción se tienen que hacer oír por el gobierno, pero en una forma menos académica, tienen que hacerse oír pero con la autoridad de los que mandan, y no con el encogimiento de los que suplican, y para eso es necesario que la Federación se frote aún con vida, se mezcle en las luchas políticas y cargue los cañones, antes de disiparlos”. Como lo establecen sus estatutos definitivos, aprobados en 1916, la Federación Rural "no constituye un partido político, ni aspira a la conquista del poder", ni actuar dentro de los partidos. El objetivo es influir en las decisiones que toman los poderes públicos. Así surgirá el primer grupo de presión al estilo moderno, considerando la estrategia de presión política extrapartidaria como el mejor método de acción que se adecuaba a la defensa de los intereses empresariales.

En representación de los intereses del sector agropecuario la Asociación y la Federación realizarán una tarea complementaria: La Federación tiene su acción gravitante en el campo gremial y político gremial, en tanto la Asociación Rural ha encausado su acción hacia los aspectos técnicos, mejoras de la ganadería a través de los registros genealógicos, de las exposiciones y particularmente a partir del cuarto decenio de este siglo a través de sus criadores de distintas razas y especias que actúan como entidades gremiales .

En el transcurso del siglo XX surgirán numerosas agremiaciones empresariales, pero es interesante señalar que a pesar de la gran proliferación, las cámaras con más larga tradición histórica -que son la de Comercio, la Asociación Rural, la Federación Rural y la Cámara de Industrias del Uruguay- aparecen como las más representativas y como los interlocutores favorecidos frente a la burocracia estatal.

Entre las cámaras madres hay que incluir a la Asociación de Bancos, que surge tardíamente, en 1945. Dos hechos anteceden su creación y son señalados como detonadores de su origen: la creación de los Consejos de Salarios en el año 1943 y la fundación en 1944 de la Asociación de Bancarios, es decir AEBU, el sindicato de empleados de este sector. Recién después viene la Asociación de Bancos, que interviene en las negociaciones con los asalariados, procurando asimismo la aprobación de una legislación que regulara el funcionamiento de la banca.

Los rasgos iniciales del comportamiento colectivo empresarial condicionaron fuertemente su accionar futuro: promover sus intereses sectoriales y proyectarse al plano político, para influir en políticas específicas, protagonizando en el transcurrir histórico muy pocos intentos de constituir una organización que represente el conjunto de los intereses empresariales.

Las asociaciones empresariales fueron parte de una matriz ideológica y cultural cuyo centro era Estado y el sistema político. Su razón de ser fue la defensa corporativa de intereses sectoriales. Las cámaras empresariales reflejo de la cultura e historia de un país, accionaron en un tono discreto, con escasa visibilidad pública, desplegando una capacidad de presión a ciertos niveles para producir cambios que garantizarán los intereses del sector. En este marco se destaca la escasa participación efectiva en el diseño de proyectos globales de desarrollo. Rasgos del accionar colectivo empresarial nacional que son compartidos por la mayoría las cámaras empresariales latinoamericanas.

No obstante, América Latina, se encuentra en un proceso de profundas trasformaciones económicas y políticas. El modelo de desarrollado hacia adentro, con una amplia intervención del Estado en la economía y con una industrialización tardía mediante la sustitución de importaciones, ha sido sustituido por otro nuevo modelo de desarrollo. Las nuevas directrices son apoyarse en las fuerzas del mercado, reducir el Estado y abrir la economía. Con la privatización de la economía y la apertura externa se abre un complejo proceso de reinserción del empresariado en el sistema político nacional, que en países como Chile ha transitado hacia una participación activa del empresario en el nuevo modelo de desarrollo y un compromiso más activo del Gobierno con el proyecto del sector privado. Estas formas novedosas de articulación entre empresarios y gobierno, en torno a políticas de desarrollo, parecen ser los caminos que deberían transitar los países latinoamericanos. 

* Cristina Zurbriggen es investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ha realizado varios trabajos sobre las organizaciones empresariales y su incidencia en el desarrollo social y económico del Uruguay.