Comentarios a la “Propuesta de la CIU para una estrategia de desarrollo industrial”
Cra. Rosario Medero[1]
En primer lugar un agradecimiento a la CIU por la
invitación y ya comenzando con mis comentarios hago especial destaque a la
búsqueda de consensos que el documento propone. Después de escuchar la
presentación del Ec. Michelín creo que este documento y la presencia de
nosotros acá puede contribuir a llegar a los acuerdos que todos los uruguayos
necesitamos.
Quise poner en la primer página los dos aspectos que
me parecían más relevantes del documento: el espíritu emprendedor que todos los
uruguayos necesitamos y las reglas de juego predecibles que es lo mínimo que
tenemos que ofrecer para que el empresario pueda desarrollarse.
Quiero
decir que estoy totalmente de acuerdo con el documento, estoy de acuerdo con la
necesidad de políticas estables y predecibles. Creo que ya que se producen
muchos cambios en el mercado y en el funcionamiento de las empresas, por lo
menos hay que darles un marco básico de predecibilidad. Creo que sería
necesario lograr esos acuerdos básicos y tengo una buena experiencia con el Ec.
Bergara en donde hace un par de años logramos unos buenos acuerdos a nivel
técnico y político en materia de empresas públicas. No pasó mucho con esos acuerdos pero fue un proceso de
aprendizaje de mostrar que se podía llegar a ellos.
Y quiero decir finalmente, que la propuesta de la
CIU se adecua a lo que ha sido la política y el programa del Partido Nacional
durante muchos años.
Yo voy a separar los comentarios en cuatro
capítulos: el primero, el rol del Estado; el segundo, la promoción de la
inversión; el tercero, la reforma fiscal, y el cuarto, la promoción de la
competencia.
Con respecto al rol del Estado, quería señalar lo
que expresa el programa del Partido Nacional. Ustedes me permiten, pero yo
desde el ’89, desde hace más de diez años, he participado activamente en la
preparación de un programa, que es el programa de todo el partido y que cuando
tuvimos oportunidad, ejecutamos lo que
estaba escrito en él. O sea que para mí es un orgullo haber participado en él y
en el mismo se expresa -en este caso estoy citando textualmente el del ’99 pero los anteriores eran muy similares-: “el
rol del Estado en la economía será el de establecer reglas precisas y estables
que orienten la iniciativa privada, proteger el derecho de la propiedad,
fomentar la libre competencia, la apertura externa y la reinversión productiva
y contribuir a la equidad social a través de la asignación eficiente de los
recursos”. Este es el rol del Estado
que el Partido Nacional expresa en su programa. Y agrega que el principal objetivo de la política económica para
el Partido Nacional implica: “asegurar
el desarrollo socio económico armónico de la comunidad y el acceso a una mejor
calidad de vida para toda la población, promover la igualdad de oportunidades, el combate a la pobreza, la
distribución equitativa del ingreso y la preservación de los recursos
naturales”. Finalmente el crecimiento
estable y sostenido de la producción de bienes y servicios como la única forma
de obtener un mejor ingreso, de ampliar las fuentes de trabajo, de hacer
posibles políticas sociales, solidarias, realmente efectivas. Este es el papel que asignamos al Estado y
es un papel coincidente al enfoque que ha establecido la CIU.
Y nos fue bien cuando establecimos el papel del
Estado, porque no es un papel de Estado que se invente, es un papel de Estado
que logró crecimiento económico. Y para ello muestro (ver presentación) la
evolución de la tasa de desempleo -el principal problema o uno de los
principales problemas que tenemos hoy en día- de donde surge que el período de
menor desempleo y máximo crecimiento es el período de gobierno del ‘90 al ‘95.
En cuanto al rol del Estado, pensamos que no debe ser
ni líder ni gestor, pero tampoco indiferente, sino un Estado solidario. Que las empresas y los empresarios tienen
que ser los protagonistas; que se asegure estabilidad y predecibilidad; que la
regulación tiene que ser más efectiva y más eficiente; que hay que mejorar la
calidad del gasto. Ya a estas alturas
no podemos decir que hay que aumentar el gasto, que hay que gastar más en
esto. Hoy día el Estado recauda
prácticamente el 30% de lo que se produce.
El 15% va a la Seguridad Social; el 5% va a servicio de deuda. En definitiva se queda con el 10%. Quiere decir que no se puede aumentar más.
Como vamos a ver más adelante y como todos ya sabemos, hay que mejorar la calidad
del gasto, la orientación del gasto. En ese sentido coincido especialmente con
los comentarios sobre la mejor calidad de la educación, más que a través de
aumento de gasto, con la mejor aplicación del mismo y con la mejor calidad en
la distribución del gasto especialmente entre los destinados a financiar la
educación terciaria y los gastos a nivel escolar o preescolar.
También compartimos la idea de un solo agente de
promoción de exportaciones efectivo y con participación de los
exportadores. Todos ustedes saben, porque es muy público, que hay tantos
agentes de promoción de exportaciones que no sabemos a donde recurrir y que
estamos pagando entre todos un servicio que todos sabemos que no es eficiente.
A través de estos puntos quiero resumir mi
compromiso de que el acuerdo o la propuesta del documento no solo es posible
sino que se puede concretar en medidas que sirvan para todos los uruguayos.
Nosotros estamos ya preparando el nuevo programa de
gobierno y en él introduciremos nuevamente la figura conceptual de “Gerente
público al servicio de la gente”.
Coincidiendo con lo que ya dijo el Ec. Michelín, ésta tiene que ser la
orientación del gasto público en el futuro.
Dado que tenemos que gastar menos, debemos gastar con más calidad,
tenemos que gastar con ese sentido de distribuir los recursos escasos como para
tratar de satisfacer a todos nuestros clientes que son toda la población.
Básicamente, para lograr tales objetivos, hay que
aumentar la transparencia de la gestión.
Nosotros pensamos que la transparencia de la gestión también implica
aumentar los recursos humanos, la capacitación de los recursos humanos,
especialmente en los objetivos estratégicos del Estado. Y quizás uno de las reestructuras que
involucran recursos humanos en uno de los objetivos que es estratégico, es por
ejemplo en la DGI.
Creemos, como ya se dijo en el documento de la CIU,
que tiene que haber indicadores de gestión, de seguimientos, de control y de
impacto. No puede ser que se gasten
millones de dólares de cooperación en proyectos que nunca tienen una evaluación
de seguimiento ni una medida de impacto.
Tenemos que ser capaces de redistribuir los recursos en función de los
indicadores de resultados para mejorar la calidad de nuestro gasto público.
Y el gobierno para servir a la gente en las áreas
que actúa, tiene que utilizar la tecnología muchísimo más. Es increíble la cantidad de trámites y de
servicios que tendrían que poderse hacer por internet y son sumamente
complejos: la ventanilla única; el servicio de
pago de tributos en forma electrónica; las licitaciones; la firma
digital; el expediente electrónico; la interconexión de redes. La interconexión de redes es básica. No se puede pensar que la impositiva y la
aduana haciendo prácticamente las misma tareas de contralor no tengan
interconexión. Y generar mayor conexión
para asegurar la participación comunitaria (me refiero a los que están pagando
los impuestos pero también incluyo las cámaras y las organizaciones intermedias
de la sociedad civil).
El segundo aspecto que quería mencionar es el
aspecto de la inversión. Creo que no
vale la pena llorar por los bajos niveles de inversión sino mirar qué es lo que
podemos hacer para crear las condiciones macroeconómicas para promover esa
nueva inversión.
Considero que deben modificarse algunos aspectos
fiscales de forma de fomentar la inversión tal como la posibilidad de que se
pueda posponer el pago de los tributos para el momento en que el proyecto
muestra mejores condiciones de realizar la erogación. Es decir, que no se produzca una exoneración sino un crédito
fiscal acorde con el retorno del proyecto.
Entiendo que es necesario .
Otra instrumento que puede utilizarse para fomentar
la inversión es la posibilidad de renegociación de la deuda a cambio de
inversiones. No estoy hablando de una
renegociación unilateral sino que estoy pensando en utilizar mecanismos como la
canalización del ahorro es decir la inversión con instrumentos de deuda que ya
sea han utilizado en el pasado y que han sido mecanismos idóneos para promover
la reducción de los servicios de deuda y la promoción de la inversión.
En el siguiente cuadro muestro nuestro perfil de la
deuda de letras y bonos (ver presentación).
Yo creo que el canje de deuda fue exitoso pero tenemos que tener en
claro que lo que hemos logrado es una espera y que tenemos que considerar este
tema para la futura administración y el futuro gobierno.
Coincido con la propuesta de la CIU con respecto a
buscar los mecanismos de participación pública y privada en las
inversiones. Es evidente que en el
futuro el Estado no va a poder hacer las inversiones que necesita el país.
Pensemos en infraestructura o pensemos en servicios y surge la necesidad de
recurrir a formas ingeniosas, que ya existen en cualquier otra parte del mundo,
para contemplar la participación privada y que el pago del agente privado esté
asociado a los ingresos que produce la inversión.
Respecto a la reforma fiscal, el programa del
Partido Nacional decía: “la reducción de la carga fiscal es el factor calve
para la reactivación”. Decíamos eso en
el ‘99, sin duda más cierto aún hoy. La
carga fiscal debe bajar. Los nuevos
impuestos no pueden, ya no aumentan la recaudación. La carga fiscal, ya lo mencionamos, no puede seguir subiendo. En
estos años se agregaron 7, 8, 10 nuevos impuestos. La carga fiscal no aumenta porque se agregan nuevos impuestos
pero se evaden otros. Es decir ya
llegamos al techo. El impuesto del IRP,
especialmente por su forma de cálculo y sus tasas, es totalmente injusto. No es cierto que en Uruguay no haya impuesto
a la renta. Hay semejante impuesto a la
renta que es el IRP. Además, el
impuesto a la renta empresarial tiene que ser más bajo. En Chile hay una diferencia importante entre
lo que pagan las empresas de impuesto a la renta y lo que pagan las
personas. De esta forma se promueve la
autocanalización del ahorro. Yo hubiera
querido venir ayer y me lo impidió el mal tiempo a observar un poco los
ejemplos de Chile que hizo tan bien las cosas.
Las tasas del impuesto a la renta tienen que promover, especialmente a
nivel de las empresas, que se promueva y resulte atractivo invertir en este
país.
En cuanto a la Administración Tributaria, yo lo
resumo en: Administración Tributaria o nada.
Porque agregar nuevos impuestos o sacar nuevos impuestos con esta
administración tributaria no implica nada.
Y quisiera decir una frase de mi amigo Barreix que dice: “Eliot Ness no
era part time”. Yo creo que los
empleados de impositiva tampoco pueden ser part time.
En Uruguay han subido mucho más los gravámenes, los
impuestos, que el producto. No se ve
mucho en este cuadro (ver presentación) , pero tomando como base 100 el año 90,
los impuestos de la DGI, aumentó 150% y el producto está en el orden de un 110%
- 117%. Es decir, lo que hemos hecho es
incrementar lo que pagamos al Estado más de lo que crece nuestra producción y
nuestros ingresos. Es decir, cada vez
el Estado absorbe una parte más grande de los ingresos que genera el
Uruguay. Obviamente estamos en el techo
y la política de crecimiento indica que tenemos que bajar para dar aire para
que puedan crecer. Y, además, cinco impuestos recaudan algo así como el 85% y
hay 19 impuestos que recaudan menos del 2%.
Entonces, de acuerdo con lo que decía Michelín hace un rato, vale
preguntarse qué estamos haciendo con estos 19 impuestos que no los derogamos y
solamente sirven para complicar la cosa.
Trabajé sin demasiado éxito el año pasado en una posible reforma fiscal
y es fácil concluir que en Uruguay hay que simplificar el sistema.
El siguiente gráfico (ver presentación) es un
ejemplo de comparación con Chile en lo que refiere al sistema tributario. El
sistema chileno es más eficiente y es más equitativo, más progresivo. Pagan más lo que tienen más y menos los que
tienen menos. Uruguay es más confuso,
es más complicado, menos eficiente y menos justo. Tenemos un impuesto a la renta de las empresas muy alto y un
impuesto a la renta del trabajo excesivamente alto como demuestra la
comparación con Chile. Ojalá podamos
tener un sistema como proponía la CIU más simple, más equitativo y más
eficiente.
Esto es una pequeña crítica al documento de la CIU
ya que todo no podía ser cosa buena. No estoy demasiado de acuerdo en que la
apertura incrementó la exposición a la competencia y eso llevó a la reducción
de las empresas y del personal. Pienso que de alguna manera la apertura no la
podíamos evitar en la medida en que nuestros vecinos ya se habían abierto la
competencia. Nosotros crecimos y la rebaja de los aranceles ha beneficiado el
crecimiento del país, al consumidor y a las empresas eficientes. En realidad
tendríamos que mirar al conjunto de las políticas macroeconómicas y no
solamente los aranceles. Ya no podemos
hablar del modelo de país cerrado y proteccionista y bien hace el documento en
analizar una propuesta de la CIU de cara al siglo XXI.
Este último punto de promoción de competencia quiero
destacar expresamente porque es esencial para el funcionamiento de las empresas
y de la industria. En los años 70 hice
un trabajo para la CIU con Ariel Davrieux que mostraba lo que nosotros llamamos
las ineficiencias externas a la empresa.
Y las ineficiencias externas a la empresa en muchos casos eran los
monopolios, la falta de competencia y la falta de transparencia de las políticas públicas.
Otro tema que aborda el documento y que quisiera
comentar refiere a la promoción de competencia. Es un tema que merece dedicar
toda una reunión para debatirlo. Me siento comprometida con la promoción de la
competencia y la eliminación de los monopolios en los combustibles, en las
telecomunicaciones. No desde ahora ni
de hace un año, desde hace once, doce.
Incluso creo que sería necesario y urgente -especialmente para reducir
las ineficiencias externas a la empresa de la que hablábamos hace 30 años- la
desmonopolización de los seguros de accidente de trabajo. Una tarea todavía pendiente.
En cuanto a la energía observamos que no estamos
aprovechando las ventajas de la diversificación de la matriz energética. Hicimos las inversiones físicas para recibir
servicios del gas natural y ahora no nos beneficiamos de los precios de la
rebaja de precios que el gas natural produciría porque está neutralizado por
impuestos. Tenemos también problemas en
la política comercial y en la administración de los negocios. Nosotros si queremos promover la
competencia, tenemos que tener una política comercial más ágil en relación a
nuestros vecinos en materia de energía y tendríamos que lograr la interconexión
física con Brasil para tener competencia de interconexión y mejorar nuestra
capacidad de negociación.
En cuanto a las tarifas quisiera decir que es un típico
caso de un sistema donde casi no hay competencia, ninguna competencia y eso crea un conjunto muy grande de
irracionalidades y de injusticia. ANCAP
y UTE penalizan el mayor consumo y perjudican especialmente a las PYMES. El caso de UTE es bien clásico: cuanto más
consumo más caro le cobro. Para las
empresas más grandes hay un sistema especial pero para esas que no alcanzan ese
régimen especial, cuanto más consumo entro en un nivel más alto de tasa de
impuesto, es una barbaridad. Eso
perjudica especialmente a las pequeñas empresas que no llegan al nivel donde
tienen tarifas beneficiosas.
El caso de ANTEL es evidente. Donde está el
monopolio, en la telefonía básica, es donde están cargando las mayores tarifas
y donde los precios son abusivamente monopólicos. Entontes hoy cuesta lo mismo
llamar a Salto o a Paysandú que a Miami.
Porque para llamar a Miami hay competencia y para llamar a Salto hay
monopolio. Entonces estas son algunas
de las cosas que sería bueno ponernos de acuerdo para ver en qué medida
perjudican a los industriales y a todos los uruguayos y que pueda modificarse
en un futuro próximo.
Finalmente, tengan la seguridad de que el Partido
Nacional estará dispuesto a buscar
acuerdos en las áreas claves del país de acuerdo con este documento que ha
presentado la CIU.
[1]
Es Contadora Pública y realizó estudios de post grado en la Universidad de
California (Davis) en usufructo de una beca de la Comisión Fulbright, en el
Reino Unido y en Japón.
Tiene una
extensa experiencia en consultoría internacional en aspectos regulatorios,
institucionales y de negociación. Su experiencia internacional incluye su
trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la empresa consultora
LECG de la cual es actualmente Directora.
Ha
sido Presidenta de Antel (empresa que bajo su dirección triplicó sus ingresos,
redujo un 40% sus tarifas, aumentó en un 80% sus líneas y redujo la cantidad de
empleados en más de un 20%). También ha sido Presidenta de Pluna y Directora
del Banco Central del Uruguay. Además ha ocupado diversas posiciones en la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto incluyendo al de Sub Directora. Ha sido
profesora grado 5 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración en la
Cátedra de Administración de los Negocios Agroindustriales durante mas 20 años.