Montevideo, 9 de mayo de 2002.
Sr. Ministro de Economía y
Finanzas
Cr. Alberto Bensión
Presente
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Usted con el fin de responder su atenta nota del pasado 18 de abril, solicitando sugerencias sobre como reducir el gasto público. Le respondo en nombre de los industriales, pero invocando también mi condición de ciudadano preocupado por la situación actual y por el futuro del país y de todos los orientales. También lo hago empleando la misma franqueza con la que Usted se dirige a mí en la mencionada nota.
En primer lugar, debo decir que la Cámara de Industrias del Uruguay ha realizado múltiples planteos con el objetivo de reducir el gasto público, hacerlo más eficiente o tan sólo eliminar regulaciones que impone el Estado, las cuales son inconvenientes para el normal desarrollo empresarial en una economía de mercado y se convierten en un fuerte desestímulo a la inversión, tanto nacional como extranjera.
Desafortunadamente para el país, al menos así creemos nosotros, dichos planteos han sido desatendidos en la inmensa mayoría de los casos. A pesar de que los mismos fueron presentados tanto en el Ministerio de Economía que actualmente Ud. dirige, en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, a un gran número de Legisladores o directamente en Presidencia de la República, prácticamente nunca obtuvimos respuesta ni tampoco vimos que se haya implementado alguna de esas sugerencias.
Me resulta muy llamativo que el Gobierno realice una solicitud de esta naturaleza, ya que quienes asumen las responsabilidades de gobernar y dirigir al país deberían conocer con mucha más solvencia que los agentes externos, las formas de reducir el gasto público y, a la vez, mejorar el sistema tributario que lo financie.
Igualmente, a pesar de lo anterior, acercamos nuevamente nuestras ideas con el único fin de colaborar y por la persistencia que tenemos en la lucha contra el elevado costo país. No pensamos que son las únicas ni las mejores y muchas de ellas, incluso, tendrán un efecto imperceptible en la mejora de la competitividad de la industria.
No nos sentimos dueños de la verdad ni conocedores de las soluciones mágicas a la crisis, pero las hemos buscado con desvelo, las hemos propuesto a quien corresponde y creemos que aunque sea su análisis, ayudaría a prepararnos para que el futuro sea de una vez por todas auspicioso y no lleno de desesperanza.
Esperamos que estas sugerencias puedan ser puestas en práctica o al menos discutidas en un ámbito creativo, que busque como llevarlas adelante y no a oponerse a hacer algo, simplemente porque lo propuesto es “difícil”, “no se puede”, “va en contra de lo establecido” o “tiene un alto costo político” .
Sin otro particular y con el deseo de haber cumplido con su solicitud, aprovecho para saludarlo muy atentamente,
ING. AGR. DIEGO BALESTRA
Presidente
PROPUESTAS CAMARA DE
INDUSTRIAS DEL URUGUAY
Con relación al gasto público se propone:
Implementar un sistema de subsidio
por desempleo para los funcionarios públicos similar al que existe para el
sector privado. De esa forma en períodos de menor actividad también disminuye
el gasto del Estado, no sólo por la reducción de salarios sino por los gastos
asociados (energía, comunicaciones, papelería, control de asistencia, etc).
Flexibilizar el régimen de inamovilidad
del funcionario público. En ese sentido se podría comenzar por al menos
equiparar los derechos laborales de los funcionarios públicos con los privados
(control de asistencia, días libre, sanciones, etc). En ese sentido debería
impulsarse la creación de un escalafón único y un sistema de convergencia para
los funcionarios del Gobierno Central y en las empresas públicas a los efectos
de que en un plazo a determinar, se registre que a igual función exista igual
remuneración. Igual sistema debería aplicarse a nivel de las Intendencias
Municipales.
Crear un sistema de retiro de
funcionarios del sector público para aquellos que tengan al mismo tiempo
actividad privada de tiempo completo y remuneración en el Estado mayor a un
monto a definir. Dicha información actualmente está disponible a través de la
información que recabó el BPS en el sistema de Historia Laboral y la Dirección
General Impositiva.
Eliminación de la Planilla de
Trabajo dado que la mayoría de los datos que se vierten en la misma ya son
enviados al BPS (salvo régimen de horario que fácilmente se podría incluir en
el sistema de historia laboral). Los funcionarios del MTSS deberían asignarse a
tareas más productivas como puede ser el control del trabajo fuera del circuito
de la seguridad social.
Reducir las partidas de gastos de
libre disponibilidad de los Directores de Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados.
Destinar mayor cantidad de personal
del ejército a tareas de mantenimiento en inmuebles y obras públicas,
control del contrabando, reparación de caminería y seguridad pública. De esta
forma por la vía de los hechos, se los está formando en oficios que pueden
servirle para trabajar en el sector privado.
No cubrir vacantes de ninguna
especie en las empresas públicas, las fuerzas armadas y las intendencias
departamentales.
Venta de empresas públicas
deficitarias, entre ellas PLUNA ente autónomo.
Drástica reducción de los gastos de
funcionamiento (remuneraciones y otros) de la Comisión Mixta de Salto Grande.
Eliminación del Ministerio de
Deporte y Juventud.
Crear un mecanismo constitucional que
supedite las transferencias de recursos del Gobierno Central a las
Intendencias al cumplimiento de objetivos de equilibrio fiscal previamente
acordados.
Eliminación de las Embajadas y
otras representaciones en el exterior en aquellos países con los cuales no
se visualice una corriente comercial creciente y significativa en los próximos
3 años, o que estratégicamente no representen alguna necesidad para el país.
Montar oficinas comerciales
administradas directamente por las Cámaras empresariales productoras de bienes
exportables, que actuarán como
tradings, en Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica para América Central,
Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Unión Europea, China para el sudeste
asiático y Rusia. Para ello se puede destinar un porcentaje del ahorro por la
eliminación de las Embajadas u oficinas comerciales anteriormente mencionadas.
Creación de un Tribunal
Independiente para el Contralor de la Gestión Pública con
participación de los consumidores, el sector público y las empresas que tenga
capacidad de investigar y divulgar acerca de la oportunidad de los gastos de
las dependencias estatales (Gobierno Central, Poder Legislativo, Poder
Judicial, Intendencias Municipales y empresas públicas)
Dar en concesión a privados los
casinos estatales.
Dar en concesión a privados el
acondicionamiento y extensión de las vías férreas así como su utilización.
Acelerar los procesos de concesión
de obras públicas.
Acelerar el proceso de venta de
inmuebles prescindibles del Estado ya anunciado.
Eliminar el área del INE
responsable de relevar los datos y procesar la Encuesta Industrial Anual
dado que la última información disponible es de 1997 y por tanto de nula
utilidad. Transferirle esa responsabilidad a la Cámara de Industrias del
Uruguay, dotándola del 60% del presupuesto actual.
En lo que refiere al sistema tributario y la recaudación de impuestos se propone:
Aprobar la reforma de la DGI en
los términos del proyecto de ley formulado por el Poder Ejecutivo, excepto en
su forma de financiación. Se cree necesario que el Gobierno, como lo hace el
sector privado cuando invierte, apueste a la reforma y la financie con la disminución de la evasión que obtenga en vez
de crear nuevos impuestos. Si la alternativa de financiarla con un nuevo
impuesto es necesaria para aprobar el proyecto en el Parlamento, que el mismo
sea fijado en UR, que sea por única vez y que el pago realizado por las
empresas pueda ser recuperado a los 6 meses, descontándolo en UR del pago de
tributos.
Reducción de la cantidad de
impuestos especialmente los que inciden sobre los medios de producción, el
trabajo y el ahorro. En particular debe trazarse una estrategia para la eliminación
de al menos el Impuesto al Patrimonio a las empresas, el IMABA, los aportes
patronales, el COFIS, impuestos a las tarjetas de crédito e impuesto a las
telecomunicaciones, en el menor plazo posible.
Generalización y reducción de la
tasa del Impuesto al Valor Agregado.
A los efectos de mejorar el
tratamiento de las denuncias de evasión por parte de los organismos
involucrados en la recaudación y control (Aduanas, DGI y BPS), la Cámara de
Industrias propone designar un contacto técnico permanente en cada organismo
oficial (Aduana, BPS, DGI, etc.), al cual poder acudir para comunicar los casos
puntuales que requieran una acción inmediata, así como poder efectuar el
seguimiento de los temas denunciados.
Tercerizar la gestión de cobro de
morosos por parte de los organismos recaudadores.
Con relación a la simplificación de trámites, desregulación y defensa de la competencia se propone:
Unificación y/o ampliación de
horarios entre las oficinas públicas, fundamentalmente las que les compete
el área de comercio exterior. Unificación de horarios de funcionarios técnicos
y administrativos.
Unificar la URSEC y la UREE.
Eliminar la DINAPYME y destinar
el 30% de su presupuesto a la Cámara de Industrias del Uruguay para que lo
utilice en asesoramiento técnico para la creación de pequeñas y medianas
industrias en sectores con potencialidad de inserción internacional y dirigidas
por empresarios jóvenes de con formación terciaria o técnica.
Crear una oficina de Defensa de la
Competencia con alta jerarquía e independencia técnica, bajo normativa
moderna de aplicación en otros países con economía de mercado. A través de la
misma podrán controlarse conductas comerciales abusivas, control de precios en
mercados monopólicos (empresas públicas) u oligopólicos (operadores portuarios
y aeroportuarios, agencias marítimas y casos similares).
Desmonopolizar los seguros por
accidentes laborales
Unificación del Registro y Control
Bromatológico a manos del MSP.
Simplificar los trámites de
comercio exterior, unificando procesos que actualmente deben realizarse en
distintas oficinas.
Eliminación de la intervención
preceptiva y exclusiva del Despachante de Aduana en los trámites de exportación
e importación.
Eliminación de la intervención
bancaria en el trámite de la exportación.
Eliminar el certificado habilitante
de exportación que emite el BROU.
Descentralizar la tarea del BROU
en cuanto a la recaudación de tributos y gravámenes vinculados al comercio
exterior.
Acortar los plazos de
otorgamiento de exoneraciones impositivas en ocasión de la importación.
Acortar el plazo del visado de
la factura de exportación que actualmente realiza la Dirección General de
Comercio.
La rehabilitación de los importadores
o exportadores en DGI deberían resolverse a tiempo real (actualmente demoran 24
horas).
En los Puertos del Departamento de
Colonia no
deberían cobrarse tasas portuarias (ya que no existe ningún servicio cuando se
carga con camión sobre ferry-boat).
Facturar los servicios de OSE
para las industrias de acuerdo a la tarifa industrial, independientemente de
cual sea el organismo que lo facture.
Modificar el plazo de cinco días para
comunicar las bajas del personal ante GAFI (BPS), con la aplicación de
multas en caso de realizarse fuera de plazo. La información de los egresos del
personal es necesaria para la determinación del importe a pagar por parte del
BPS a las mutualistas, por lo cual no se encuentra justificación a la exigencia
de los referidos cinco días. Se sugiere con el objetivo de simplificar que la
comunicación se realice en forma conjunta de todos los egresos producidos en el
mes calendario.
Los formularios de bajas del
personal ante GAFI (BPS) deberían prever la posibilidad de incluir a más de
un trabajador por formulario.
Permitir que otras instituciones
acreditadas brinden los cursos exigidos por la Dirección Nacional de
Bomberos.